Uno de los propósitos fundamentales de la ONU, como se afirma en su Carta, es “realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario”. En la actualidad la Agenda 2030 plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible y todos ellos pivotan sobre 5 pilares: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Dichas actividades las lleva a cabo a través de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
En el ámbito de la UE, el denominado consenso europeo la compromete a erradicar la pobreza y construir un mundo más justo y estable. La asistencia de la UE, se concentra en dos ámbitos prioritarios generales. De un lado, derechos humanos, democracia y otros aspectos de la buena gobernanza. De otro, el crecimiento sostenible e integrador en los países en desarrollo y dar a la población los medios para salir por sí misma de la pobreza.
Por su parte y en los últimos años, la cooperación internacional española para el desarrollo ha experimentado un incremento significativo de los recursos destinados a este fin por parte tanto de todas las Administraciones públicas, como de fondos privados de fundaciones del sector empresarial y otras entidades. A la par se ha desarrollado una concienciación entre los ciudadanos de los valores de la cooperación y solidaridad, a través de programas y proyectos de sensibilización en relación con los problemas, globales y particulares, relacionados con la misma.
Lo anterior hizo necesaria la promulgación de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como las correlativas normas autonómicas. Todas ellas integran el conjunto de recursos y capacidades que las distintas Administraciones ponen a disposición de los países en vías de desarrollo, con el fin de facilitar e impulsar su progreso económico y social, así como contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo en todas sus manifestaciones.
El alto número de instituciones y entidades participantes en la política de cooperación ha propiciado el desarrollo de programas de ayudas, desconcentrados y descentralizados, que garanticen la adecuada colaboración, complementariedad y coordinación entre las Administraciones y sus diferentes actores.
De esta manera, el tercer sector ha incrementado notablemente su presencia, con un importe crecimiento de las entidades no lucrativas. La necesidad de conocer y aplicar herramientas y soportes adecuados, debe ahora complementarse con acciones similares de la gestión de la calidad en los profesionales que, como personas físicas, aportan sus conocimientos y experiencias en este campo.
Todo lo anterior pone de manifiesto la necesidad de contar con “Responsables en cooperación internacional”